La ley 20.720 ayuda a los endeudados a no cerrar un negocio en Chile

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Chile creó en 2014 la Ley 20.720, un marco legal moderno para permitir que personas o empresas con dificultades económicas puedan reemprender, sin tener que cerrar el negocio.

Qué dice la Ley 20.720 para no cerrar una empresa

La Ley 20.720 incorpora procedimientos de auxilio para deudores en dificultades, ya sean micro, pequeño, medianos o grandes empresarios, atendiendo también a los acreedores y sus debidas garantías.

La nueva ley aumenta la reorganización después de la liquidación, lo que permitirá conservar una empresa como unidad productiva y generadora de empleo.

También cubre a los trabajadores afectados por el cierre de una compañía en medio de un proceso de liquidación, asegurándoles su situación profesional y el ejercicio de sus derechos laborales.

Una de las grandes novedades es que los individuos, a través de un nuevo procedimiento administrativo y voluntario, pueden renegociar sus deudas con los acreedores o realizar una ejecución acelerada y simplificada de su propiedad.

“Este es uno de los marcos más importantes de nuestra ley de quiebras actual, pagando una deuda histórica que el país tiene con sus empresarios, consumidores y trabajadores”, dijo Josefina Montenegro, entonces titular de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento del Ministerio de Economía, al momento de la firma.

ley 20.720
La ley 20.720 apunta a auxiliar a las empresas y personas físicas endeudadas en Chile. Foto: iStock, Getty Images

Principales cambios de la nueva ley

A continuación, algunos de los principales cambios que trae la Ley 20.720 para evitar que un empresario deba cerrar una empresa por deudas en Chile.

1. Renegociación de la deuda de persona física

Un procedimiento especial para renegociar las deudas de los deudores, permitiéndoles llegar a acuerdo con todos los acreedores, con la ayuda gratuita de la nueva superintendencia.

2. Rescate de negocios viables

Instaura un procedimiento especial para la rehabilitación de empresas viables, permitiéndoles llegar a un acuerdo con sus acreedores en un plazo de cuatro meses. De esta manera se evita el cierre de una empresa.

3. Agilidad de los procedimientos

Disminuye el plazo de varios procedimientos, de modo que todas las partes interesadas puedan alcanzar una solución para la crisis financiera en menos tiempo. En particular, en el caso de liquidación de una empresa, el plazo anterior de 54 meses fue reducido a un máximo de 12 meses.

4. Beneficios a los trabajadores

El término de las relaciones de trabajo es regulado en caso de liquidación de la empresa, protegiendo y facilitando el procedimiento de pago de indemnización.

5. Transparencia

Se establece que las acciones y decisiones se publicarán en una plataforma electrónica (Boletín de Insolvencia) de forma gratuita y con actualización diaria del contenido disponible para todo el público.

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